Destruir la ciudadanía, acto de gobierno

El 21 de abril se incendió el bosque de La Primavera. Pero esta desgracia que dio cuenta de alrededor de 7 mil hectáreas en casi cinco días, no fue la única de este mes que resulta ser fatal para Guadalajara y su zona metropolitana ahora que se cumplen 20 años de la explosión del colector bajo el barrio de Analco que destruyó y mató a mucha gente y que aún hoy, no hay culpables. Fue también la destrucción de dos inmuebles patrimoniales del siglo XX con toda la sospecha que debe haber, porque no es entendible que en una ciudad "moderna" un particular actúe a la luz del día en demoler edificios sin contar con una licencia y, más aún, sin ninguna limitante y como si nada. Cualquiera con ese arrojo y despliegue de recursos (camiones de material, operarios, herramientas, personal directivo), lo hace a sabiendas que el factor sorpresa para aquellos que se opusieran al acto lesivo obra a su favor, pero también que la impunidad lo cobija, que probablemente nadie lo irá a molestar y que a cambio tal vez de algunas incomodidades, al final logrará su avieso propósito.

Nubes de humo sobre la ciudad

No estamos hoy como lo estábamos en los años 70 u 80. Quizás estamos peor.
Antes se actuaba con el respaldo de algún funcionario de medio pelo (como ahora seguramente) del ayuntamiento o de la oficina de obras públicas, pero había otras condiciones, al menos había cierta vergüenza por los hechos cometidos y algunas veces hasta cortaban cabezas. Hoy no. Hoy se actúa con esa actitud de soberbia y de falsa ignorancia porque por lo regular la gente sabe (y está cansada ya de tanto blof), que al fin y al cabo en México si alguien cuenta con dinero para corromper, las cosas más imposibles o ilegales se pueden hacer.
Así que muchos ciudadanos indolentes suelen ver esos actos, como tantos otros contrarios al derecho y al buen vivir urbano, como algo "normal". Antes también pasaba, pero era un tanto bajo cierta pena por los actos ilegales cometidos y no se exhibía lo antisocial como una actitud plausible. Hoy sí, aunque no siempre en forma tan campante.

Finca del siglo XX en la calle Colonias en demolición

Uno de esos edificios es de la autoría de Pedro Castellanos, insigne arquitecto ingeniero que contribuyó en mucho a una forma de hacer arquitectura de una gran decencia formal y humana como pocos en Guadalajara. Sus formas son de gran sencillez y limpieza, de notable gracia con los elementos tradicionales y con su reelaboración formal a partir de la creatividad.
Sin embargo, insensibles ante esas obras, los destructores actúan como si nada, como si destruir aquello no importara nada porque se atienen al principio que permea en casi todos los mexicanos hoy: lo más importante es la propiedad y el deseo de activar la economía cueste lo que cueste.

Actuación ilegal de los notarios de Jalisco, en calle J.G. Zuno

Otro de los inmuebles destruidos un mes antes fue una finca protegida que en algún momento fue despacho de notarios, si no mal recuerdo del mismo Guillermo Cosío Vidaurri, y actual propiedad del Colegio de Notarios. Sí, esos mismos señores que se encargan de dar fe de los actos ciudadanos y de procurar la legalidad y el acato de las leyes del país en materia de propiedad y de actos civiles de relevancia. Los mismos que deben saber a ciencia jurídica cierta que demoler no es un acto salvaje de decisión autónoma personal, sino que se rige por leyes y reglamentos y que demoler un inmueble requiere siempre de una licencia y es un acto también jurídico. Pues no, ellos dieron muestra de cómo deben actuar los ciudadanos: le muestran el camino a otros para cometer actos ilegales. ¿Sería este ejemplo el que tomaron los demoledores de la finca en la calle Colonias y otro más en la misma calle José Guadalupe Zuno?

La propiedad privada es un derecho que se tiene pero que está regulada socialmente. Es decir, se tienen limitaciones como en toda sociedad organizada; se establecen reglamentos, leyes que permitan el disfrute de esos bienes, pero también que no afecten el derecho de terceros, de la ciudad, de la vida en sociedad de la que gozan las propiedades, en este caso dentro de zonas urbanas; es decir, pobladas por muchos ciudadanos que se verían afectados por actos que destruyeran la identidad, la belleza, la armonía de ese conjunto social material.

Ante todo esto, no ha sido el gobierno municipal el que ha enfrentado los actos ilegales de destrucción. ¡Han sido los ciudadanos! Y eso, definitivamente, habla de una ciudadanía mejor informada y más preocupada por gobernar la ciudad que el propio gobierno, solazado en recibir mordidas y sobornos para dejar hacer lo que las leyes, que tienen el encargo de vigilar, señalan. Los ciudadanos están por encima de las "autoridades", luego entonces el gobierno municipal no sirve, no atiende, es omiso y por tanto debería de renunciar, de ser reconvenido y castigado por la ciudadanía.

Pero la reflexión final no se limita a esto. Sin duda el camino tomado por los gobiernos con ideologías de liberalización, de desregulación, de abrirse para que "todo suceda", son los más destructivos para la sociedad humana. No podemos permitir que esa forma de pensar neoliberal, antisocial, esté a cargo de las ciudades ni del patrimonio: no saben responder a otra cosa que a sus propios intereses personales y a dejar hacer para cumplir con su lema oscuro que tratan de disfrazar de moderno. Ese es, sin duda, el enemigo del patrimonio urbano y a ése hay que destruir en realidad.